La velocidad máxima en las carreteras convencionales se reduce a 90 kilómetros por hora. Se trata de una medida con la que se espera poner freno a las muertes por exceso de velocidad.
Esta modificación fue aprobada el pasado 28 de diciembre en el Consejo de Ministros y publicada al día siguiente en el BOE, dando un mes de plazo para que los titulares de las vías afectadas puedan realizar los cambios de señalización pertinentes.
El principal motivo para este cambio es reducir la siniestralidad vial y de esta manera, cumplir el objetivo establecido en la estrategia de Seguridad Vial 2011-2010 de bajar de 37 la tasa de fallecidos en accidentes de tráfico por millón de habitantes. Hay que tener en cuenta que en 2017 esta tasa fue de 39.
Esta modificación afecta a todas las carreteras convencionales. Entre otras cosas esto supone la desaparición de la diferenciación en la velocidad máxima dependiendo de si la vía disponía o no de metro y medio de arcén practicable.
Por otro lado, esta iniciativa también supone reducir la diferencia de velocidad entre vehículos de transporte de viajeros y mercancías respecto de los turismos. Este dato es importante, ya que los países de la Unión Europea con menores tasas de fallecidos por millón de habitantes en accidentes de tráfico, tienen una diferencia de límite de velocidad en carreteras convencionales, de entre 0 y 10 Km /hora entre los vehículos ligeros y pesados.
Más de medio millón de euros para el cambio
Desde que se aprobó la medida hasta hoy, a través de sus demarcaciones territoriales, la Dirección General de Carreteras ha tenido que cambiar 2.719 señales de la red de carreteras cuyo coste por unidad varía entre los 90 y los 300 euros. En total, esta medida ha tenido un coste aproximado de 526.000 euros y ha afectado a 11.856 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado.
Desde hoy, sobrepasar los 90 Km/h en la red secundaria costará de 2 a 6 puntos en el carné, pero también una multa económica que puede ir desde los 100 hasta los 600 euros.